Febrero 2018 es la fecha en que la diputada por La Paz, Brígida Quiroga Ramos (MAS) prevé presentar su proyecto de ley para el cannabis de uso médico ante la Asamblea Legislativa de Bolivia. Su objetivo es que se despenalicen tanto cannabis de uso médico como el previsto con fines de investigación.
En Bolivia el uso de cannabis está prohibido y fuertemente penalizado a través de una vieja ley de hace más de 30 años, la Ley 1008. Sin embargo, la legalización y despenalización en países cercanos y experiencias de grupos como “Madres en busca de esperanza” en Perú están removiendo conciencias y revelan al cannabis como una necesidad para mejorar las dolencias de sus hijos.
Según informa La Opinión, Brígida Quiroga es una diputada boliviana que trabaja en la elaboración de un proyecto de ley sobre cannabis de uso médico (no recreativo), motivada por su creencia de que es beneficioso y por el alto coste que supone para familias de bajos recursos que actualmente lo importan desde Chile en algunos casos.
El trabajo de Quiroga se basa en el artículo 19 de la Ley 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas que faculta al Ministerio de Salud emitir autorizaciones para la importación, manejo o adquisición limitada y excepcional de sustancias controladas, con fines de investigación.
En base a ello espera presentar un proyecto que contemple el cultivo de la planta para fines terapéuticos aunque no el autocultivo así como la producción del aceite de cannabis en Bolivia. El Estado a través del Ministerio de Salud regularía la autorización, legalización, uso y consumo de los productos de cannabis de uso médico según el proyecto.
La diputada espera firmar convenios interinstitucionales con universidades y organizaciones consolidadas ya que aunque existe literatura internacional sobre los beneficios del cannabis de uso médico , se necesitan más estudios científicos en el país. Además, las facultades de Medicina y Bioquímica podrían firmar convenios con el Ministerio de Salud para poder cultivar cannabis y extraer el aceite para analizar la calidad del producto.
Durante el mes de diciembre la legisladora tendrá reuniones con asociaciones de padres de modo que el proyecto de ley que presente a la Asamblea en Febrero 2018 incluya la voz de los que ya trabajan con el cannabis de uso médico.
Quiroga también participó en encuentros internacionales como el de la Fundación Daya el pasado agosto en Chile. Allí conoció testimonios reales y datos estadísticos como los presentados por una experta de Colombia sobre 900 personas que tratan diferentes patologías, especialmente epilepsia refractaria con cannabis de uso médico.
Respecto a los posibles apoyos de otros diputados, Quiroga citó algunos nombres como Javier Zavaleta, Manuel Canelas y Valeria Silva con quienes mantuvo reuniones.
Llamado a las familias
Además recuerda la importancia de la organización de las familias, que ha permitido a muchos países, como México, Uruguay o Perú conseguir tratamientos para sus hijos “y ojalá en Bolivia sucediera lo mismo, con la finalidad de trabajar con las personas que sufren determinadas enfermedades para que puedan vivir bien, como dice nuestra Constitución Política del Estado”. Y para conseguirlo, pretende reunir al mayor número de padres cuyos hijos padezcan determinadas enfermedades, incluido el autismo pues insiste en que como diputada puede plantear la ley pero si la sociedad civil no apoya este proyecto nada funcionará.
Un país productor con una política de complejos y miedos
Un estudio de la ONU de 2010 reveló que Bolivia ocupaba el tercer lugar en producción de cannabis a nivel mundial, después de Afganistán y Marruecos. En cuanto a los consumidores se estiman en 300.000 en un país cuya población es de unos 11 millones de habitantes.
En Bolivia, se produce y se consume cannabis y sin embargo, investigando en los medios, poco se puede leer sin notar cierto recelo a hablar claro del tema. No es de extrañar cuando las penas relacionadas con esta sustancia- presente en el mismo epígrafe que la heroína y la cocaína en la lista de la Convención Mundial de Estupefacientes-, son desproporcionadas (de 3 a 12 años) y arbitrarias, estando en manos de los jueces.
La Ley que regula la sustancia es la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas la cual en su artículo 34 prohíbe la producción o conservación de materia prima vegetal que contenga sustancias controladas. Sin embargo, no se establece la cantidad mínima de portación y es muy ambiigua. Por su parte, la Ley 913 que también contempla estos casos tiene ese mismo vacío legal, tan solo señala que en lo que corresponda a las sustancias controladas de la Lista I, el Ministerio de Salud debe informar la cantidad, contenido y regirse al reglamento.
A pesar de ello, el gobierno que se autoestigma como Narco-Estado elude abrir un debate quedando de hecho automarginado de la realidad y rezagado respecto a Latinoamerica, los fármacos y la soberanía de producción.
Otro grave problema es que según la Dirección de Régimen Penitenciario en Bolivia un 68% del total de la población privada de libertad no tiene sentencia. El retardo de la justicia y la corrupción en Bolivia es tan grave que en 2015 se creó la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia y Corrupción.
Quienes abogan por la despenalización del cannabis de uso médico
Además de la legisladora Brígida Quiroga, nos encontramos con la Comunidad Cannábica Bolivia, cuyo investigador y asesor legal Álex Cabello Ayzama precisa “Se necesita impulsar la investigación”, algo que no se hace en Bolivia. Cabello es autor de una investigación sobre el uso del cannabis sativa desde el ámbito legal e histórico hasta el medicinal. A partir de ello ha podido concluir que se ha identificado la acción terapéutica del cannabis para varias enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, síndrome de Dravet, síndrome de Twest y para los efectos de la quimioterapia y convulsiones, “unas enfermedades con un factor común: son neurológicas”.
La Comunidad Cannábica Bolivia con sede en Cochabamba recibe entre 15 y 20 consultas por mes acerca de efectos medicinales de la planta y la forma de conseguir los medicamentos en el país. Los casos más frecuentes son de personas con afecciones reumáticas, cáncer y epilepsia. Ante la necesidad de cientos de personas que recurren al aceite de cannabis conformaron en Cochabamba la Fundación Jampi Q´umir (Medicina Verde en Quechua) con el apoyo de pacientes y sus familias. Y es que tratar a sus hijos con los medicamentos convencionales es un “lujo que no todos los padres pueden darse” según explicó uno de los padres al medio La Opinión: solo para comprar algunas medicinas que su hijo consume para evitar las convulsiones debe invertir cada mes 3.000 bolivianos.
En La Paz, el Colectivo Cultiva Libertad también quiere crear conciencia. Muchos padres temen revelar como consiguen el aceite de cannabis pero existen numerosos testimonios. Hay personas que fabrican el aceite y el ungüento de cannabis, en forma oculta, pero de manera responsable y no lo comercializan, sino que lo regalan.
También se prevé la conformación de una organización de padres de familia similar a la de Chile “Mamá Cultiva Bolivia”.
Viendo el cannabis como fármaco y no como droga se podría plantear la posible legalización con un debate científico de fondo que abra el proceso.
Por su parte Fernando Salazar, Investigador del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) explica que “la producción es enorme”, y es que Bolivia se encuentra en el tercer lugar como productores de cannabis, en una realidad inevitable, “somos consumidores y productores de este estupefaciente”. Pero solo los estudios con entidades especializadas en salud, universidad y organismos internacionales podrían arrojar datos reales tanto de lo que se produce a nivel urbano y comunal como de consumo. El cono sur, valle bajo y central son potenciales zonas de producción. “Quizás más de 10.000 hectáreas de producción, según los mismos datos que otorga la prensa en las requisas”, dijo Salazar.
